La Ley 8/2026 obliga a disponer del certificado de amianto para vender o alquilar en Cataluña, pero el capítulo de sanciones solo entrará en vigor cuando se apruebe el decreto que lo desarrolle. Aquí te explico, con honestidad, qué se sabe y qué no sobre las multas, y por qué conseguir el certificado es la forma más sencilla de no tener que preocuparte por ello.
La Ley 8/2026 prevé sanciones por no entregar el certificado. Pero ese capítulo sancionador no entrará en vigor hasta que se apruebe el decreto que lo desarrolle; hasta ese momento solo se aplican las disposiciones sancionadoras generales en materia ambiental. Por eso, hoy por hoy, no hay una multa específica aplicable por no tenerlo, y conviene tomar con cautela cualquier otro detalle.
Cuando se apruebe el decreto que desarrolle el régimen sancionador, que todavía no está aprobado. La ley ya está en marcha, pero ese capítulo concreto espera al decreto. Cuando se apruebe, se concretará cómo se aplican.
No tener el certificado sigue siendo no cumplir una obligación legal. Además, la ley reconoce al comprador o inquilino el derecho a obtenerlo, y la disposición adicional séptima prevé que se consigne la certificación al transmitir la finca en el Registro de la Propiedad. En la práctica, puede traducirse en retrasos y problemas al cerrar la operación.
La ley no regula qué debe comprobar la notaría, pero sí prevé que el certificado conste en el Registro de la Propiedad al transmitir la finca, así que es razonable que la notaría o la otra parte lo pidan antes de la firma. No tenerlo a mano puede obligar a retrasar la operación en el peor momento posible.
Como vendedor o arrendador, eres tú quien debe acreditar la situación del inmueble respecto al amianto. No disponer del certificado, además del posible riesgo administrativo, puede generar responsabilidad frente al comprador o inquilino si más adelante surge un problema relacionado con el amianto que no se informó correctamente.
Mi recomendación honesta es que no. El certificado cuesta 150€ + IVA para viviendas y locales de hasta 200 m², y el proceso es rápido y sin complicaciones. Frente a un coste tan contenido, arriesgarte a un problema administrativo, un retraso en la firma o una reclamación posterior simplemente no compensa.
Te recomiendo consultar las fuentes oficiales de la Generalitat de Catalunya a medida que se publique el desarrollo reglamentario de la Ley 8/2026, o acudir a un profesional del derecho si necesitas una valoración jurídica precisa para tu caso. Yo puedo ayudarte con la parte técnica del certificado, pero no soy la fuente para cifras legales definitivas.
De la forma más sencilla: pidiendo el certificado con tiempo. Yo visito el inmueble, normalmente puedo agendar la visita en pocos días, y entrego el informe en pocos días tras la visita. Así tienes el certificado listo antes de la firma, sin tener que preocuparte por en qué categoría de infracción podría encajar tu caso.
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