Sí. Desde el 3 de octubre de 2026, la Ley 8/2026 obliga a acreditar mediante un certificado la presencia o ausencia de amianto visible en cualquier vivienda o local anterior a 2002 que se venda o se alquile en Cataluña. Aquí tienes la respuesta a cada pregunta que probablemente te estás haciendo.
No. La obligación nace de la Ley 8/2026, una norma autonómica catalana de erradicación del amianto. Si el inmueble está fuera de Cataluña, esta ley concreta no aplica, aunque conviene revisar la normativa propia de cada comunidad autónoma.
Desde el 3 de octubre de 2026. Las operaciones de venta o alquiler que se firmen a partir de esa fecha deben contar con el certificado. Si tienes una operación en marcha, puedes solicitarlo ya: te lo entrego listo para cuando lo necesites.
Al vendedor en una compraventa y al arrendador (el propietario que alquila) en un arrendamiento. Es quien debe disponer del certificado y entregarlo en la operación, de forma parecida a como ya ocurre con el certificado de eficiencia energética.
Afecta a los inmuebles construidos antes de 2002, año en que se prohibió la comercialización de cualquier material con amianto en España. Dentro de ese grupo, puede tratarse de cualquier tipo de inmueble edificado que se venda o alquile en Cataluña: viviendas, oficinas, locales, naves, trasteros y garajes o plazas de parking, entre otros.
Los terrenos también están incluidos: al ser un inmueble, necesitan el certificado igual que cualquier otro para venderse o alquilarse.
En mi caso, 150€ + IVA, precio cerrado para viviendas y locales de hasta 200 m². Incluye la visita, la inspección visual y el informe firmado.
Pedir presupuesto →Un técnico competente; en mi caso, como arquitecto técnico colegiado. El reglamento que debe concretar de forma definitiva qué profesionales están habilitados todavía está pendiente de publicación (artículo 21.3 de la ley), así que en cuanto se publique, adaptaré el certificado a lo que establezca.
No impide la venta ni el alquiler. El certificado informa del estado del material y del riesgo que supone; si está en buen estado y no se va a manipular, puede quedarse donde está. Solo si está degradado conviene planificar su retirada.
No necesariamente. La ley exige acreditar la situación del inmueble, no eliminar el amianto que se encuentre en buen estado. La retirada solo es recomendable — y a veces obligatoria por otras normativas — cuando el material está degradado o se va a intervenir directamente sobre él, por ejemplo en una reforma.
La Ley 8/2026 prevé sanciones por no entregar el certificado, pero ese capítulo sancionador solo entrará en vigor cuando se apruebe el decreto que lo desarrolle; hasta entonces solo se aplican las sanciones ambientales generales. Aun así, obtenerlo es un derecho del comprador o inquilino, y pedirlo a última hora puede retrasar la firma.