El amianto lleva prohibido en España desde 2002, pero hasta la Ley 8/2026 nadie estaba obligado a retirarlo si ya estaba instalado. Esto es lo que ha cambiado, y por qué ahora.
El amianto se prohibió fabricar y vender en España en 2002, pero esa norma estatal no obligaba a retirar el que ya estaba instalado en edificios. Mientras el material se mantuviera en buen estado, podía quedarse donde estaba de forma indefinida, sin ninguna obligación de informar de su presencia al vender o alquilar.
La síndica de greuges de Cataluña —la institución que defiende los derechos de la ciudadanía ante la administración— alertó en un informe de 2024 de que el amianto seguía siendo un problema grave de salud pública, laboral y ambiental, y recomendó al Parlament aprobar una ley específica que ordenara su erradicación de forma planificada.
La Unión Europea ha fijado 2028 como fecha límite para eliminar el amianto de los edificios públicos, y 2032 para el resto de edificios. Cataluña, con una de las tasas más altas de fibrocemento instalado del sur de Europa, necesitaba un marco legal propio para poder cumplir esos plazos.
Las estimaciones oficiales hablan de millones de toneladas de fibrocemento con amianto instaladas en cubiertas, bajantes y depósitos de todo el territorio, además de miles de toneladas de materiales proyectados y calorifugados, considerados más peligrosos porque liberan fibras con mayor facilidad.
Además del certificado obligatorio en venta y alquiler, la ley pone en marcha una Comisión Catalana de Erradicación del Amianto, un Plan Nacional con objetivos y calendario, un censo unificado de edificios afectados y un fondo específico para ayudar a financiar las retiradas.
Ver qué dice la ley con detalle →En la práctica, que desde el 3 de octubre de 2026 necesitas el certificado de amianto para cerrar la operación si el inmueble se construyó antes de 2002, con independencia de si el material está o no en buen estado. Tramitarlo con antelación evita que se convierta en un obstáculo de última hora.